Denuncian al funcionario que instaló las mallas de Chosica

Denuncian al funcionario que instaló las mallas de Chosica

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El funcionario que autorizó y aceleró la instalación de 22 mallas de acero en nueve quebradas de Chosica se llama Cromwell Alva Infante. Él tiene 70 años y es contador público. En el 2015 era el director ejecutivo del Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos, de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). A fines de ese año, dada la emergencia que se anunciaba por el fenómeno de El Niño, él tomó la decisión final de ir adelante con la obra y ahora está denunciado penalmente.

“Me frustra la idea de haber tomado una decisión que salvó vidas y que hoy se me acuse de dos delitos”, dijo ayer, mientras caminaba hacia una de las mallas que se instalaron en la quebrada Quirio. En el escenario más drástico, Alva podría pasar siete años en una prisión.

Según el informe 009-2016 de la Oficina de Control Institucional (OCI) de la ANA, Alva exoneró de licitación pública la colocación de las barreras contra huaicos, cuando eso no le competía a él, sino al entonces jefe de la ANA. Por esto se lo acusa del delito de usurpación de funciones y la Fiscalía Provincial Penal 34 de Lima le abrió investigación preliminar.

Alva también está denunciado por negociación incompatible. Se lo investiga por supuestos “favorecimientos y coordinaciones previas con la empresa Tecnología de Materiales (TDM)”, la que instaló las mallas por un costo de más de S/21 millones.

Según la OCI, esos supuestos favorecimientos se evidencian en una carta que Alva envió el 25 de noviembre del 2015 a TDM. En ese documento, le informan a la empresa que estaba en trámite su contratación directa.

Pero el proceso de licitación aún no había sido exonerado. Esto recién ocurrió cinco días después, el 30 de noviembre. El caso lo investiga la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.

—Defiende su gestión—
Con un maletín cargado de documentos, entre ellos las casi 300 páginas del informe de OCI, Alva llegó hace unos días a este Diario para contar su caso. Mortificado, dijo que, de no haber exonerado la licitación, esa obra no habría estado lista en febrero del 2016. Sostuvo, además, que él era el único funcionario que podía autorizar la contratación directa de una empresa. Según Alva, es un tema de definiciones.

“La discusión se centra en que el único facultado a autorizar la exoneración es el jefe de la entidad, según la Ley de Contrataciones del Estado. La OCI dice que ese funcionario es el jefe de la ANA, pero el artículo 3 de esta norma define que también son entidades los programas y proyectos del Estado. Yo era el director ejecutivo de un proyecto”.

Sobre las supuestas coordinaciones previas con TDM para su contratación directa, Alva afirma: “Pese a no estar obligados por ley, ya que teníamos un proceso de exoneración por emergencia, hicimos una convocatoria pública y ocho empresas solicitaron las bases. De ellas, dos presentaron sus propuestas. Se eligió a TDM porque ofrecía instalar las mallas inmediatamente y no en ocho meses como planteaba la otra empresa [Prodac S.A.C.]”.

Para desmentir los supuestos favorecimientos, Alva dijo que a la empresa se la multó con S/2,5 millones por un retraso de diez días.

—Exoneración legal—
En noviembre del 2015, las instituciones científicas del país advertían que se aproximaba un fenómeno de El Niño fuerte o extraordinario. Para entonces, el Ejecutivo había decretado la situación de emergencia en 15 departamentos, incluido Lima.

El 17 de noviembre de ese año, el Instituto Nacional de Defensa Civil transfirió recursos a la ANA para instalar las barreras que frenaron lodo y piedras. Debido a que una licitación requería como mínimo tres meses y medio para elegir a una empresa, se optó por una salida legal válida en el marco de la situación de emergencia: contratar a una empresa sin licitación.

Vía telefónica, ayer el entonces ministro de Agricultura Juan Manuel Benites dijo: “La contratación directa de la empresa se hizo de acuerdo a lo que la ley permite en casos de emergencia. Se tomó la decisión correcta y en el momento correcto”.

Benites agregó: “Cuando hay emergencias como estas hay que tomar decisiones en tiempos muy cortos. Una sanción desproporcionada por formalismos podría desalentar a otros funcionarios cuando deban tomar acciones para proteger a las ciudades en caso de emergencia”.

Pero el abogado experto en temas municipales Julio César Castiglioni dio la razón a los argumentos de la OCI. “Si no había proceso de exoneración, ¿por qué cinco días antes se entra en contacto con el probable postor? Es negociación incompatible”.

El gerente técnico corporativo de TDM, Augusto Alza, negó que algún funcionario de la ANA haya favorecido a su empresa. “Es falso. No hay razón para decir que fuimos beneficiados”, declaró.

Sobre las mallas de acero, Alza afirmó que estas evitaron una desgracia como la del 23 de marzo del 2015, día en que un huaico causó la muerte de ocho personas en Chosica.
Mirando las pesadas rocas contenidas en la barrera de acero de la quebrada Quirio, Cromwell Alva dijo: “Si yo no aceleraba la instalación de las mallas y el 2016 los huaicos causaban una tragedia, yo ahora estaría en la cárcel”.

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