Nadine Heredia podrá salir del país pero debe regresar cada mes

Nadine Heredia podrá salir del país pero debe regresar cada mes

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La ex primera dama Nadine Heredia podrá salir del país, pero deberá regresar cada 30 días para pasar por el control biométrico impuesto como parte de las reglas de conducta que debe cumplir, en marco de la investigación por el presunto delito de lavado de activos que afronta. Así lo estableció la Segunda Sala Penal de Apelaciones.

El tribunal negó la solicitud formulada por Eduardo Roy Gates, abogado de la esposa del ex presidente Ollanta Humala, para que ella pase por el control biométrico en el consulado peruano en Ginebra cada 30 días.

El colegiado estableció que la ex presidenta del Partido Nacionalista puede viajar al extranjero y cumplir con sus labores en la Oficina de Enlace de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), porque no se puede afectar su derecho al trabajo. Sin embargo, precisó que ella debe regresar al Perú cada mes a cumplir con las medidas restrictivas que le impusieron.

Según fuentes de la fiscalía que han tenido acceso extraoficialmente a la resolución, la Segunda Sala Penal de Apelaciones – conformado por los vocales César Sahuanay, Iván Quispe y Jessica León- confirmó la decisión que tomó el juez Richard Concepción Carhuancho en primera instancia de rechazar el pedido formulado por el fiscal Germán Juárez Atoche para que Nadine Heredia cumpla prisión preventiva.

Esto debido a que  la ex primera dama no violó las reglas de conducta que se le impusieron.

Durante la audiencia de apelación, Roy Gates recordó que su patrocinada informó al fiscal y al juez respecto a su viaje a Roma, donde a inicios de diciembre debía recibir una capacitación para asumir la dirección de la Oficina de Enlace de la FAO en Ginebra, Suiza.

Aún las partes no han sido notificadas y se espera que en el transcurso del día sean informados de esta decisión.

Nadine Heredia es investigada junto al ex presidente Ollanta Humala por el presunto delito de lavado de activos por los aportes que recibió el Partido Nacionalista para las campañas presidenciales del 2006 y 2011.

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